Lengua, frontera y hospitalidad: reflexión ética sobre el trabajo profesional con personas migrantes

“Cada vez que me acerco a una frontera, del tipo que sea, y sé que tengo que cruzarla, me falta el aliento”, escribe el autor bosnio Velibor Čolić. En este contexto, la persona trabajadora no es una observadora neutral. Su trabajo representa, para quienes Hannah Arendt llamó recién llegados, el rostro visible de una sociedad que puede abrir o cerrar puertas. La tarea cotidiana se convierte así en un ejercicio de responsabilidad ética. La hospitalidad entendida como práctica de reconocimiento y respeto a la dignidad humana encuentra una expresión concreta en la acción profesional. Quien acompaña procesos de inserción tiende un puente hacia una comunidad política que debería garantizar derechos.

Esta función trasciende lo meramente asistencial, es mediación social y política. En el ámbito que mejor conozco, la enseñanza del español como lengua de acogida, un ejemplo revelador es el examen de nivel A2 exigido para obtener la nacionalidad. No es solo una prueba lingüística, sino un filtro que condiciona la vida de quienes buscan arraigo. Su coste económico, la complejidad de los trámites y la rigidez de los plazos actúan como barrera. Como recuerda Sami Naïr, la migración: “No es un problema a gestionar, sino una realidad humana que exige derechos”.

La intervención no puede desligarse de esa exigencia, implica trabajar en la frontera entre la legítima aspiración a migrar y los muros que levantan la burocracia y la sociedad. En esta línea, el idioma funciona a la vez como herramienta de inclusión y como espacio de poder, otra de esas fronteras intangibles que condicionan el proceso de integración. Aprender la lengua del país de acogida abre el acceso al empleo, a la educación o a la vivienda, pero la imposición de ritmos de aprendizaje, niveles y certificaciones puede transformarse en un mecanismo de control. 

Los plazos, las pruebas de nacionalidad y la dependencia de intérpretes limitan la autonomía de las personas migrantes y definen su capacidad de participación en todos los ámbitos de la vida. 

En el aula surge, además, una división más sutil: la que separa a quienes avanzan con rapidez de quienes encuentran mayores dificultades. Sin proponérselo, se crean categorías de “buenos” y “malos” estudiantes que influyen en la intervención, alimentan prejuicios y generan relaciones de poder que alcanzan también a los propios profesionales. Esta dualidad se manifiesta a diario en los espacios de enseñanza.

Quien corrige y evalúa maneja un poder simbólico que puede reforzar desigualdades si no se maneja con conciencia crítica. La diversidad cultural y de trayectorias vitales exige una mirada que combine rigor pedagógico con sensibilidad social, valorando las distintas maneras de aprender y las habilidades propias de cada estudiante. La lengua, además, porta una carga cultural con capacidad para invisibilizar otras identidades y modos de estar en el mundo.

Simone Weil, otra ilustre exiliada, advertía que “el lenguaje es el más perfecto de los instrumentos de dominación”. Reconocer esta dimensión es un paso imprescindible para que el aprendizaje deje de ser una barrera y actúe como una herramienta de autonomía.

Una escena habitual en mis clases ilustra esta ambivalencia. Recuerdo a Fatoumata, recién llegada de una ciudad pesquera del este de Senegal, intentando escribir por primera vez su nombre en español con un cuaderno de caligrafía de preescolar que le había regalado otra residente. La concentración con la que trazaba cada letra era una afirmación de identidad, un acto de dignidad y, al mismo tiempo, la aceptación de una exigencia social e institucional que condicionaba su futuro: aprender a leer y a escribir para poder desenvolverse en el país de acogida.

Otro día, durante una tormenta que azotaba Gran Canaria, la mitad del grupo al que daba clase decidió no acudir. Para muchos estudiantes procedentes de África occidental la lluvia intensa es un signo de resguardo obligatorio, un paréntesis en la vida cotidiana. Desde la perspectiva de la reglamentación, la ausencia debía registrarse como falta; para ellos, era una conducta natural. La diferencia de códigos culturales se hizo visible en un mero registro de asistencia, recordándome la necesidad de flexibilizar los criterios antes de convertir la norma en rigidez.

La práctica diaria obliga a tomar decisiones que no siempre encuentran respaldo en manuales y protocolos. La normativa establece plazos y requisitos que chocan con las realidades de quienes llegan. Reducir la intervención a una disputa entre derechos y obligaciones puede reproducir una lógica punitiva que contradice el principio de respeto a la dignidad.

Los equipos conviven, además, entre distintos enfoques de intervención. Algunos priorizan la autonomía y la participación; otros mantienen prácticas paternalistas que, aunque bienintencionadas, limitan la capacidad de decisión de las personas atendidas. La gestión de recursos públicos y de subvenciones introduce, a su vez, presiones que pueden desplazar el objetivo de la integración hacia la justificación de resultados.

El contexto político europeo añade una dificultad adicional. El aumento de discursos xenófobos y la normalización de términos como ‘crisis migratoria’ crean un clima que legitima políticas restrictivas. Se habla de ‘flujos’ y ‘presiones’ y hasta de ‘invasión’ en lugar de personas con historias y proyectos.

Mientras la extrema derecha alcanza un auge sin precedentes, la Unión Europea (UE) se prepara para aplicar en 2026 su nuevo Pacto de Migración, que endurece todavía más las condiciones de acogida y refugio. Los medios de comunicación difunden imágenes de pateras, vallas y concertinas que refuerzan el miedo, identifican migración con delincuencia y facilitan la aceptación de medidas de control.

El problema se agrava cuando, aun existiendo datos que desmienten esos relatos, son las percepciones las que terminan marcando la opinión pública. Alentar el miedo al otro genera desconfianza hacia las personas más vulnerables y orienta políticamente hasta posicionamientos autoritarios. En esta tesitura, la defensa de los derechos humanos se vuelve una tarea cotidiana y más necesaria que nunca. Cada trámite, entrevista, clase o informe puede convertirse en un acto de resistencia frente a la indiferencia. El lenguaje público tiene efectos directos en la práctica profesional. Palabras como ‘ilegal’ o ‘sin papeles’ u otras como ‘analfabeto’ o ‘menas’ estigmatizan, condicionan percepciones sociales y pueden trasladarse de manera inconsciente a las dinámicas de trabajo.

Rafael Chirbes recordaba que “el lenguaje no solo describe la realidad, la crea”. Nombrar de forma precisa e insistir en la terminología de derechos, hasta en nuestros círculos cercanos, es una forma de proteger la dignidad. Como pieza clave del engranaje de la integración, el aprendizaje del idioma es un espacio en el que afloran tensiones éticas. Se impone la asistencia obligatoria a clase a personas que pasan por duelos, traumas o que, sencillamente, necesitan otros ritmos y tiempos.

Los marcos temporales exigen resultados rápidos que no se ajustan a los procesos reales de adquisición de una lengua o de alfabetización desde cero. En el aula se reproducen relaciones de poder que deben ser enfrentadas: la transmisión unilateral de conocimientos contrasta con la posibilidad de crear un verdadero espacio de intercambio.

Los retos son múltiples y la lengua, como se ha visto, es un elemento básico, pero los dilemas éticos atraviesan todos los ámbitos de la intervención. En cada uno de ellos se determina si la persona migrante será tratada como sujeto de derechos o minimizada como objeto de control. La experiencia demuestra, además, que la integración no depende solo de la voluntad individual, sino de políticas públicas coherentes, recursos estables y profesionales preparados para trabajar en contextos de diversidad.

La problemática actual -proyectos temporales, falta de coordinación institucional, cambios continuos en las directrices, dependencia de subvenciones- dificulta una respuesta coherente con el enfoque de derechos. Frente a ello, las buenas prácticas ya existentes muestran que otra forma de intervención es posible, aquella basada en la estabilidad, la participación de las personas migrantes y la formación continua de los equipos.

El contacto cotidiano con personas migrantes exige un cambio de perspectiva. Nos conduce a enfrentar nuestras propias certezas, a revisar prejuicios y a reconocer esos márgenes de indiferencia que pasan inadvertidos. La experiencia en el contacto con personas que han atravesado guerras, persecuciones o rutas migratorias extremadamente duras obliga a reconsiderar nuestra posición en el mundo. Mi propia trayectoria migratoria, casi una década de vida y trabajo en diferentes países, me llevó, ya de regreso, a cuestionar mi propia identidad. Nunca se me puso en duda como recién llegado. No desperté sospechas, mi pasaporte me abrió fronteras y mis desplazamientos siempre estuvieron legitimados por el derecho a buscar mejores oportunidades y a expandir mi mirada. Esa experiencia hizo que la migración dejara de ser un fenómeno abstracto y pasara a interpelar directamente mi propia biografía. Las personas migrantes nos colocan ante un espejo: nos obligan a mirarnos de otro modo, a explicar de otra forma quiénes somos y desde dónde hablamos.

El aprendizaje es bidireccional. Conviene recordar que estas personas no son únicamente receptoras de servicios. Aportan saberes, experiencias y perspectivas culturales que enriquecen tanto a quienes trabajamos con ellas como a la sociedad de acogida.

En una clase sobre los tiempos verbales del pasado, un estudiante sirio, Wassim, comenzó a relatar de forma espontánea los recuerdos de su ciudad natal, destruida por la guerra. La explicación gramatical quedó en segundo plano. Lo que emergió fue una lección de historia viva que ningún manual podía ofrecer. Reconocer esta reciprocidad evita caer en una visión asistencialista y refuerza la idea de que la integración es un proceso de doble dirección. El trabajo con migrantes no es un acto aislado de buena voluntad, sino una responsabilidad colectiva. La ética de esta labor se edifica en lo cotidiano: en la forma de redactar un informe, en la paciencia para explicar un procedimiento, en la capacidad de escuchar sin juzgar, en la determinación para denunciar una vulneración de derechos.

Cada gesto, por insignificante que se crea, contribuye a definir la sociedad de acogida. En la presentación de la película Zielona granica (Frontera verde, 2023), la directora, Agnieszka Holland, citaba a Vassili Grossman para recordar que la vida es, en el fondo, una batalla entre el mal y los diminutos granos de bondad que habitan en el ser humano.

Frente a los discursos de exclusión, la práctica profesional basada en el respeto y la defensa de los derechos humanos, agarrarse a esos granos de bondad a los que aludía Holland, es una forma de resistencia. En cada espacio donde desarrollamos nuestro trabajo se construye día a día una hospitalidad que no depende de gestos grandilocuentes, sino de la constancia de quienes se esfuerzan para que cada persona pueda ejercer plenamente su condición de ciudadana.